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El pasado 29 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La norma contiene varias medidas de ámbitos diversos, pero una de las más destacadas ha sido la prohibición de despedir alegando aumento del precio de la energía para las empresas que reciben ayudas públicas.

 ¿En qué consiste la prohibición? 

Entre las medidas adoptadas en ámbito laboral, el art. 44 del Real Decreto-ley establece que aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el mismo texto normativo, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022”. 

Tampoco podrán usar estas causas para despedir a sus trabajadores aquellas empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos regulados en el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.

Incumplimiento 

En caso de incumplimiento, la empresa deberá reintegrar la ayuda percibida. Sin embargo, no se establece que incumplir estas medidas conlleve la nulidad de los despidos efectuados, por lo que la única consecuencia de un incumplimiento de la normativa es el reintegro de la ayuda estatal. 

Efectos temporales 

Si bien el primer párrafo del artículo marca el 30 de junio de 2022 como fecha en que se terminará la prohibición, el segundo párrafo no tiene límite temporal concreto alguno para establecer el límite de esta medida, lo que podría dar lugar a dudas e inseguridad jurídica.