El caso

Con la entrada en vigor de la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, se aprobó que los modelos de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, deberán presentarse por medios electrónicos a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través del teléfono, o en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración.

El recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) interpuso recurso contra dicha Orden que acabó llegando a manos del Tribunal Supremo, el cual se ha pronunciado en contra de esta. Lo que hace el TS es determinar si la exigencia de que la declaración del IRPF sea presentada con carácter obligatorio por medios electrónicos a través de Internet, contenida en la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, resulta ajustada a Derecho.

Según la Sala, la norma general del art. 14 LPAC, dice que solo tienen obligación a relacionarse con la administración de manera electrónica las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, bien de personas físicas sometidas a una relación de sujeción especial, estos son los empleados públicos, profesionales colegiados y representantes de quienes estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. El resto no está obligado a relacionarse de forma electrónica con la Administración Pública.

Por otra parte, el art. 14.3 LPAC habilita a las Administraciones para que, reglamentariamente, establezcan la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para imponer aquella forma de relación mediante el uso de los medios electrónicos.

Decisión del Tribunal Supremo

Tras analizar varias disposiciones legales, el Tribunal razona que la Administración puede realizar acciones que propicien y faciliten la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y medios telemáticos; pero no puede imponer su utilización obligatoria a los ciudadanos, en tanto que obligados tributarios, a los que, como reconoce el art. 96.2 LGT, se les reconoce el derecho a relacionarse con la Administración, y a hacerlo con las garantías necesarias a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos, pero no la obligación de hacerlo. Por lo que la Administración no puede obligar a relacionarse electrónicamente a través de la Orden HAC/277/2019.

En conclusión, no es ajustada a Derecho la imposición a los obligados tributarios de relacionarse electrónicamente con la Administración, recogida en la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, pues se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen, en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, que se imponga tal obligación, que constituye una excepción al derecho de los ciudadanos a ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento, reconocido en el art. 96.2 LGT.