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El pasado viernes se publicó en el BOE la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 10 de marzo que declaraba la inconstitucionalidad de muchos de los artículos de la Ley 11/2020, de contención de rentas.

Consecuencias

Estos son los efectos de la sentencia:

  • No habrá limitación en el precio de las rentas de los arrendamientos de vivienda. Éstas volverán a ser las entregas pactadas por las partes.
  • Sin embargo, el arrendador está obligado a informar del índice de referencia de precios de alquiler de la vivienda en la publicidad, las ofertas y en los contratos de arrendamiento.
  • Los contratos de arrendamiento firmados hasta ahora se mantienen hasta su finalización. Sólo afecta a los nuevos contratos.

Razones de la inconstitucionalidad

La Sentencia no entra en el fondo de la ley, ya que se centra en el aspecto competencial. La razón por la que el Tribunal la declara inconstitucional es que considera que con esta ley se ha producido una invasión de las competencias del Estado, dado que la Constitución reserva al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales.

Entiende que la finalidad de reserva estatal en materia de derecho de contratos se basa en la necesidad de garantizar un común denominador en los principios que deben regir las obligaciones contractuales de todo el Estado. Aún así, estamos pendientes de la tramitación de la ley estatal del derecho a la vivienda, la cual se espera que incluya una regulación de rentas del mercado de la vivienda.